Abogados de Ley de Segunda Oportunidad en Madrid

Sí. Somos un despacho con sede en Madrid y atendemos a particulares y autónomos de toda la Comunidad de Madrid: Madrid capital y municipios como Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón o Coslada, entre otros. La tramitación es telemática, así que no importa en qué punto de la provincia vivas.

No es necesario. Tramitamos todo el procedimiento de forma 100% telemática para que no tengas que desplazarte ni pedir permiso en el trabajo. Nuestra sede está en el Paseo de la Castellana, en Madrid, y estamos colegiados en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), pero el caso se lleva por teléfono, videollamada y firma electrónica.

Da igual que seas particular o autónomo: desde 2022, todos los casos de Segunda Oportunidad de personas físicas los lleva el juez de lo mercantil. En Madrid es la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid (así se llama desde el 31 de diciembre de 2025), con sede en la capital y competente para toda la provincia. Te corresponde si tienes aquí el centro de tus intereses: donde vives o, si eres autónomo, donde trabajas. Nosotros nos encargamos de la presentación y del seguimiento.

Los honorarios son los mismos en toda España: puedes fraccionarlos desde 89 € al mes más IVA, con la primera consulta completamente gratuita y sin compromiso. El importe total depende del tramo de deuda y se define por escrito antes de empezar. Los aranceles del procurador, obligatorio por ley, se abonan directamente a dicho profesional.

Es una estimación, no un plazo cerrado. Con nuestro sistema de trabajo, tu documentación suele estar lista en un par de días, y presentamos tu solicitud en menos de 24 horas desde que la tenemos completa. Entre la presentación y el auto del juez que abre tu procedimiento suelen pasar unas semanas, según el juzgado. Desde ese auto, la cancelación suele llegar en un plazo de entre 3 y 12 meses. Si vas por plan de pagos, el juez lo aprueba en ese tiempo, pero la cancelación definitiva llega al terminar el plan (3 o 5 años). Desde la declaración de concurso, los embargos de bancos, financieras y fondos quedan en suspenso por mandato legal; Hacienda y la Seguridad Social tienen reglas propias.

Fuente: Arts. 142 y 143 TRLC.