Detrás de cada exoneración hay una vida que se reconstruye. Estos son seis casos que hemos llevado en el despacho — anonimizados por secreto profesional, con cuantías y resultados intactos. Si te reconoces en alguno, hay un procedimiento hecho para ti.
Casos reales. Los datos identificativos han sido anonimizados por privacidad.
Pulsa cualquier caso para leer la historia completa.
M.A., 47 años, Valencia · Quince años regentando un bar de barrio
La pandemia cerró el bar que M.A. llevaba quince años regentando en el barrio del Carmen. Cuando llegó al despacho, debía 89.000 € a Hacienda y la Seguridad Social, 41.000 € entre cuatro pólizas de crédito que había firmado para "aguantar un mes más", y 12.000 € a proveedores que nunca pudo cobrar. Tenía un embargo activo sobre la nómina del trabajo a tiempo parcial que había aceptado en una cafetería.
Trabajamos el procedimiento como concurso consecutivo: liquidamos lo no esencial, planteamos plan de pagos para la parte de Hacienda no exonerable y solicitamos la EPI sobre el resto. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia dictó la exoneración nueve meses después. M.A. conservó su vivienda habitual al estar al corriente con la hipoteca tras la suspensión de embargos.
Pensaba que iba a perder mi casa. Lo único que me quedaba después de quince años. Hoy, sigo viviendo en ella y duermo del tirón por primera vez en cuatro años.
D.R., 38 años, Sevilla · Comercial en empresa de logística
D.R. llegó al despacho con la nómina embargada al máximo legal y cinco tarjetas revolving que llevaba años "pagando" sin que el principal bajara. La deuda nominal era 38.500 €, pero al desglosarla descubrimos que más del 60 % correspondía a intereses con TAE cercano al 24 %. Tiene una hija de seis años con custodia compartida y vivía con sus padres porque no podía permitirse alquilar.
Atacamos por dos frentes. Primero, demandas de nulidad por usura contra dos de las cinco entidades — el Tribunal Supremo lleva años fijando doctrina sobre revolving. En paralelo, planteamos la Segunda Oportunidad para el resto. Resultado: dos contratos anulados con devolución de intereses cobrados de más, y exoneración del pasivo restante en seis meses. Si tu caso se parece, te lo explicamos en tarjetas revolving y microcréditos.
Llevaba cinco años pagando cada mes y la deuda no bajaba. Cuando me explicaron por qué, entendí que no era yo el que estaba haciendo algo mal.
J. y P., 71 y 68 años, Pamplona · Matrimonio jubilado, pensionistas
En 2008, J. y P. avalaron a su hijo en una hipoteca. Diez años después, el hijo perdió el trabajo y, tras tres ejecuciones frustradas, el banco vino a por ellos. La deuda entre principal pendiente, intereses de demora y costas judiciales superaba los 218.000 €. Recibían avisos semanales del banco, las pensiones estaban a punto de ser embargadas y el matrimonio llevaba meses sin dormir.
La Segunda Oportunidad para personas mayores requiere especial cuidado: la pensión es, casi siempre, el único ingreso real. Solicitamos al juzgado la inclusión en EPI de toda la deuda derivada del aval — no era deuda contraída de mala fe, sino una garantía personal asumida en confianza familiar. El Juzgado de Pamplona aceptó el argumento. Pensiones intactas. Vivienda habitual conservada.
A nuestra edad pensábamos que ya no había salida. Habernos puesto en manos de Liberalia fue la mejor decisión que tomamos en años.
C.M., 34 años, Madrid · Enfermera de UCI en hospital público
C.M. trabaja por turnos en la UCI de un hospital público. En 2022, un "asesor financiero" que la contactó por Instagram la convenció para invertir en una plataforma de criptomonedas que prometía rentabilidades del 8 % mensual. Pidió tres préstamos personales por un total de 67.000 € para "aprovechar la oportunidad". La plataforma desapareció a los cuatro meses junto con todo el dinero.
Lo crítico en este caso era acreditar la buena fe. C.M. no había contraído las deudas para gastarlas: las había transferido a una plataforma fraudulenta sobre la que la propia CNMV emitió advertencia con posterioridad. Adjuntamos la denuncia penal, las comunicaciones con el supuesto asesor y las alertas oficiales. El Juzgado de Madrid dictó la exoneración total en siete meses. Si también vives en Madrid, te lo contamos en abogados de Segunda Oportunidad en Madrid.
Sentía vergüenza de contar a nadie lo que había pasado. En Liberalia no juzgaron, escucharon. Y lo arreglaron.
F.L., 52 años, Barcelona · Ingeniero industrial, jefe de proyectos
F.L. cobraba 4.200 € netos al mes como ingeniero de proyectos. Cuando la multinacional para la que trabajaba aplicó un ERE en 2023, pasó a una prestación contributiva de 1.450 € durante 18 meses. La hipoteca, dos coches en renting, el préstamo del máster del hijo y dos tarjetas se hicieron incompatibles con los nuevos ingresos. En seis meses acumuló 94.000 € de impagos y embargos en cuatro frentes.
Su caso es típico de lo que llamamos "insolvencia del directivo": ingresos altos, gastos calibrados a esos ingresos, sin colchón real. Negociamos primero con el banco hipotecario una dación parcial que evitó la subasta. Sobre el resto, plan de pagos a tres años para Hacienda y EPI total para los demás acreedores. F.L. ha vuelto a trabajar en otra ingeniería; al plan de pagos le quedan ocho meses.
Te educan para ahorrar para la jubilación, no para perder el trabajo a los cincuenta. Hoy he reaprendido a vivir con un sueldo normal.
S.B., 44 años, Zaragoza · Profesora de instituto en centro público
S.B. heredó de su padre en 2021 lo que parecía un piso modesto en Zaragoza y un pequeño local comercial. Lo que no sabía es que su padre llevaba años acumulando deuda con la Seguridad Social como autónomo, además de un préstamo personal de 80.000 € para mantener el negocio a flote. Aceptada la herencia sin beneficio de inventario, S.B. se convirtió en deudora de 156.000 € que jamás había generado.
El error de no haber aceptado la herencia a beneficio de inventario era irreversible. Lo que sí pudimos hacer fue documentar minuciosamente el origen no imputable de la deuda — S.B. no había participado en el negocio paterno ni había firmado nada. El juzgado valoró la concurrencia de buena fe y dictó la exoneración total diez meses después. Conservó el piso heredado; el local se vendió para sufragar costas.
Mi padre murió y, en lugar de poder llorarlo, tuve que enfrentarme a sus deudas. Liberalia me devolvió el duelo.
Una autónoma quebrada por la pandemia. Un padre atrapado en revolving. Una pareja de jubilados que avaló a su hijo. Una sanitaria estafada por un perfil de Instagram. Un directivo que cayó del escaparate. Una profesora que heredó deudas.
Seis historias distintas. Un mismo punto de partida: "esto no tiene solución". Y un mismo final: la cancelación legal de toda la deuda.
Por obligación deontológica. La relación entre abogado y cliente está protegida por el secreto profesional, recogido en el artículo 5 del Estatuto General de la Abogacía. Modificamos nombres, edades y detalles que podrían identificar a una persona, pero mantenemos intactos los datos relevantes del procedimiento: cuantía, tipo de deuda, plazos y resultado.
Hemos elegido seis perfiles distintos a propósito —autónoma, asalariado, jubilados, profesional sanitaria, directivo y heredera— porque cubren la mayoría de situaciones que vemos en consulta. Si tu caso encaja con alguno, es probable que el procedimiento sea similar. Si no encaja con ninguno, te lo confirmamos en la primera consulta sin coste y te orientamos.
No. Algunos terminan en exoneración parcial con plan de pagos sobre la deuda no exonerable —típicamente parte de Hacienda y Seguridad Social—. Por eso el primer paso siempre es un análisis de viabilidad sin coste: solo iniciamos el procedimiento cuando hay margen real de éxito.
Es una estimación, no un plazo cerrado. Con nuestro sistema de trabajo, tu documentación suele estar lista en un par de días, y presentamos tu solicitud en menos de 24 horas desde que la tenemos completa. Entre la presentación y el auto del juez que abre tu procedimiento suelen pasar unas semanas, según el juzgado. Desde ese auto, la cancelación suele llegar en un plazo de entre 3 y 12 meses. Si vas por plan de pagos, el juez lo aprueba en ese tiempo, pero la cancelación definitiva llega al terminar el plan (3 o 5 años).
No. Y eso es deliberado: ofrecer el contacto directo con clientes anteriores vulneraría el secreto profesional y comprometería su intimidad financiera. Lo que sí podemos hacer en la primera consulta es enseñarte autos judiciales reales de casos similares al tuyo, con los datos identificativos tachados.
Lo más probable es que no lo sea. Pero, aunque lo fuera, la Ley de Segunda Oportunidad no impone un límite máximo de deuda. Hemos llevado casos por encima del medio millón de euros. El factor decisivo no es el importe, sino la buena fe del deudor y la viabilidad procesal, que valoramos en la primera consulta gratuita.
No vendemos esperanza. Vendemos análisis honesto. Si tu caso encaja con la Ley de Segunda Oportunidad, te lo decimos y te explicamos cómo lo haríamos. Si no encaja, te lo decimos sin coste y te orientamos hacia la alternativa adecuada.
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